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Estas son las cinco claves de la derogatoria del régimen cambiario

El presidente Nicolás Maduro, realizó solicitud a la ANC para “la derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios con el propósito de otorgar a los particulares, tanto personas naturales como jurídicas, nacionales o extranjeras, las más amplias garantías para el desempeño de su mejor participación en el modelo de desarrollo socio-económico productivo del país”. Para lograr esto, derogó el Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley del Régimen Cambiario.

Claves de la derogatoria del régimen cambiario

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A continuación, algunas claves sobre la derogatoria del régimen de ilícitos cambiarios aprobada por Decreto Constituyente el 2 de agosto de 2018.

¿Con la Ley del Régimen Cambiario y sus Ilícitos se elimina el control de cambios?

No. La Ley sólo tenía por objeto “regular los términos y condiciones en que los órganos y entes con competencia en el régimen de administración de divisas, ejercen las atribuciones que le han sido conferidas por el ordenamiento jurídico, conforme a los Convenios Cambiarios dictados al efecto, y los lineamientos para la ejecución de dicha política; así como los parámetros fundamentales para la participación de las personas naturales y jurídicas, públicas y privadas en la adquisición de divisas y los supuestos de hecho que constituyen ilícitos en tal materia y sus respectivas sanciones”. Las distintas modalidades de control de cambios han sido establecidas en los Convenios Cambiarios, y no hay uno nuevo, posterior a la derogatoria. Los ilícitos asociados al control son consecuencia de la diferencia entre las transacciones autorizadas por los Convenios y las realizadas por los particulares.

¿La derogatoria legaliza los mercados paralelos?

No. Independientemente de si es lícito o no que la Asamblea Nacional Constituyente derogue una Ley tampoco ha sido publicado un Convenio Cambiario que defina un nuevo mecanismo que unifique el tipo de cambio o establezca un régimen dual. No sólo no están definidos los mercados: no hay operadores cambiarios autorizados y los oferentes, demandantes e intermediarios que participaron en transacciones ilícitas hasta la entrada en vigencia de la derogatoria podrían ser sancionados, puesto que la medida no es retroactiva. En consecuencia, queda abierta la posibilidad de iniciar “reclamos” contra quienes incurrieron en “casos graves”, discrecionalmente definidos, de hacerse públicos los canales por medio de los cuales funcionaron los mercados paralelos. La derogatoria no ofrece para todos las garantías que incluye en sus considerandos, sino una oportunidad para otros canales, negocios y participantes.

¿La derogatoria estabiliza el tipo de cambio?

No. Ni imponer ni eliminar un control de cambios estabiliza el tipo de cambio. Para estabilizarlo, es esencial una definición completa, transparente y operativa del mercado cambiario, tanto como la disciplina fiscal y monetaria; y la disponibilidad oportuna y detallada de información pública y verificable. Presentar el Presupuesto de la Nación y la Ley de Endeudamiento de los últimos dos años y someter a discusión y contraloría los correspondientes al año 2019, así como las cifras compiladas por el Banco Central, el Ministerio con competencia en finanzas y el Instituto Nacional de Estadística, contribuiría más a estabilizar el tipo de cambio que derogar el régimen de ilícitos.

¿Es necesario regular el régimen cambiario y sus ilícitos?

Sí. La reciente derogatoria de la Ley de Régimen Cambiario y sus Ilícitos pone en evidencia el vacío que queda sin la norma, que definía el mercado cambiario como el “conjunto de espacios o mecanismos dispuestos por las autoridades competentes, donde concurren de forma ordenada oferentes y compradores de divisas al tipo de cambio aplicable en función de la regulación del mismo” y el mercado alternativo de divisas, donde las personas naturales y jurídicas demandantes de divisas (sin perjuicio del acceso a los mecanismos administrados por las autoridades competentes del régimen de administración de divisas) podrían adquirirlas a través de transacciones en moneda extranjera ofrecidas por personas naturales y jurídicas del sector privado, Petróleos de Venezuela S.A., Banco Central de Venezuela y Bancos del Estado. Dichas transacciones se realizarían “en los términos dispuestos en los convenios cambiarios que se dicten al efecto entre el Banco Central de Venezuela y el Ejecutivo Nacional, así como, conforme a las regulaciones que en su desarrollo establezcan los términos, requisitos y condiciones, que rigen la participación en dicho mercado, y la normativa prudencial que dicten las Superintendencias competente en materia bancaria y de valores a tales fines”.

En Colombia, por ejemplo, el régimen de cambios internacionales es compendiado en la Resolución Externa No. 8 de 2000 (Mayo 5) por la Junta Directiva del Banco de la República, en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales. Ya en los artículos 3 y 4, la Resolución advierte a los residentes en el país que efectúen operaciones de cambio que “están obligados a conservar los documentos que acrediten el monto, características y demás condiciones de la operación y el origen o destino de las divisas, según el caso, por un período igual al de caducidad o prescripción de la acción sancionatoria por infracciones al régimen cambiario”, reiterando que “quien incumpla cualquier obligación establecida en el régimen cambiario, se hará acreedor a las sanciones previstas en las normas legales pertinentes, sin perjuicio de las sanciones tributarias, aduaneras y penales aplicables”.

¿Qué conviene hacer?

Lo primero es no sobreestimar el poder de los anuncios. El control, la desconfianza y la inestabilidad no se derogan con una ley. Establecer normas para el régimen cambiario es indispensable, y convendría contar con un único documento periódicamente revisado, como la Resolución 8/2000, en lugar de una Ley y múltiples Convenios Cambiarios. En Colombia, corresponde al Banco de la República por su autonomía, atribuciones constitucionales y competencias técnicas, que puestas a prueba permiten consolidar la credibilidad de la institución y del régimen. En Venezuela, el Banco Central no ha tenido esa potestad.

Fuente: Efecto Cocuyo