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Tribunal Supremo de Justicia es una nueva aberración jurídica

Desde la instalación de la nueva Asamblea Nacional, la cual cumplió ya sus 100 días, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) bajo las órdenes del régimen de Nicolás Maduro, no ha aprobado ninguna ley con la excusa de ser inconstitucional o de no tener recursos para la ejecución de la misma. Diversas organizaciones a nivel mundial, entre las cuales destaca Human Rights Watch, catalogan al órgano como “incompetente y aberrante”

VIVANCO

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Miguel Vivanco, director de la División de las Américas de Human Rights Watch (HRW), declaró en un artículo publicado en españa que la Ley de Amnistía, declara inconstitucional por el TSJ bajo las órdenes de Maduro, podría haber sido aplicada a todas las personas condenadas penalmente por difamación, a jueces acusados por delitos tras dictar sentencias que disgustaron al gobierno y a abogados o defensores de derechos humanos.

La ley también dispone que las personas que enfrentan procesos penales o que fueron condenadas por llevar a cabo actividades políticas legítimas, podrán solicitar a la justicia que concluyan las investigaciones penales o anulen las condenas dictadas en su contra.

El TSJ argumento que la Ley de Amnistía “tiene un lenguaje demasiado amplio y es indebidamente funcional a los legisladores que la promovieron”. Vivanco catalogó de “disparate” los argumentos del máximo Tribunal para declarar inconstitucional dicha ley.

Otro disparate de la sentencia es que sostiene que la ley viola el derecho a proteger el honor y la reputación de funcionarios públicos, al permitir la amnistía en casos penales de difamación, cuando de hecho existe amplio consenso de que los delitos de calumnias e injurias contra funcionarios públicos son intrínsecamente incompatibles con estándares de derechos humanos”, agregó.

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Ante estas declaraciones, parece sospechoso que la Organización de los Estados Americanos (OEA) teniendo la potestad de responder a las amenazas de orden democrático de los estados miembros a través de la Carta Democrática, no se haya pronunciado aún contra lo sucedido y no realice procesos en contra del gobierno de Nicolás Maduro.

El pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la ley de amnistía otorga a los gobiernos latinoamericanos y al Secretario General de la OEA, Luis Almagro, otra razón más para iniciar un debate sincero sobre la aplicación de la Carta Democrática Interamericana a Venezuela. Ha llegado el momento de que ese debate ocurra”, recalcó.

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