Saltar al contenido

Razones por las cuales el TSJ declaró “inconstitucional” la Ley de Amnistía

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en días pasados declaró la sancionada Ley de Amnistía, argumentándola de ser una Ley “inconstitucional“, ya que esta está fuera de los ordenamientos jurídicos venezolanos según el Poder Judicial. Éste está siendo visto últimamente como un Poder que está dentro de las filas del oficialismo, ya que ha tomado todas las medidas necesarias para atacar las atribuciones del Poder Legislativo. Por eso aquí te mostramos cuales fueron las razones del TSJ para declarar el perdón judicial “inconstitucional“.

sala_constitucional2

También te puede interesar: ¿Cuál fue la verdadera respuesta del CNE a la AN?

Presupuestos para acordar amnistías

La sala constitucional expuso la inexistencia de los presupuestos para acordar amnistías. Señalaron que la potestad de promover esta Ley por parte de la Asamblea Nacional podía darse solo si no violentaba la concepción del Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, y se ajusta a los “límites formales consagrados en principios de rango constitucional”.

Sostuvieron que las amnistías son manifestaciones de “justicia transicional” que persiguen la instauración de una comunidad política en momentos de rupturas, y que por tal razón se invalida esta Ley de conformidad con la Constitución.

Delitos políticos

Alegan una “generalización de los delitos políticos” en los artículos 2, 5, 8, 11 y 16 de la Ley; con lo cual se estaría incurriendo en un desconocimiento de que “Venezuela es un Estado democrático”. Añaden que dicho instrumento busca por beneficiar a: “los investigados, imputados o condenados, bien sean autores, determinadores, cooperadores inmediatos o cómplices, hayan estado o no a derecho por una serie de delitos ordinarios y comunes, varios de ellos con graves efectos sobre el Estado”.

Principios de legalidad

A juicio de la Sala, las normas expuestas en los artículos 2, 16 y 17 de la Ley de Amnistía; contemplan normas penales en blanco, que violan el principio de tipicidad de los delitos y de las penas que prevé la Constitución para la penalización de ciertas conductas.

<

Violación de justicia

La Sala alega que se promueve la violación de los principios de justicia y responsabilidad, por no excluir de manera expresa a sus propios miembros como posibles beneficiarios de la Ley en cualquiera de sus disposiciones.

El texto asegura que las instituciones de gracia y amnistía suelen prever la prohibición de aplicación de tal prerrogativa a los supuestos de responsabilidad penal cometidos por algún miembro del órgano concedente.

Infracciones administrativas

La sentencia detalla que La Ley otorga amnistía por situaciones inherentes a faltas administrativas cometidas contra el patrimonio público y la lucha contra la corrupción.Precisa que tales situaciones rebasan la naturaleza de tal institución y que implican un desconocimiento de las sanciones impuestas por la Contraloría General de la República.

Soberanía

La Sala sostiene que la Ley viola el principio de soberanía en su artículo 18, al prever que se tendrán que atender consideraciones del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos o los Comités, Comisiones, Relatorías o Grupos de Trabajo del Sistema de Naciones Unidas. Según la sentencia, esto vulneraría las sentencias dictadas por esta Sala declarando la inejecutabilidad de los fallos emanados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El texto también destaca la “duda contra la confiabilidad de los jueces que integran el Poder Judicial venezolano”, por lo establecido en los artículos 2, 18 y 27 de la Ley de Amnistía, violando a su juicio las garantías del artículo 49, numerales 1, 2 y 5, de la Constitución Nacional, referido al debido proceso.

Protección

Sostienen que la normativa infringe el derecho a la “protección del honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación”; al pretenderse la anulación del derecho de acción de los afectados de solicitar ante los tribunales de justicia el restablecimiento de la situación jurídica infringida, cuando han sido dañados en su honor y reputación.

Ordenamiento jurídico

La Sala señala que la Ley promueve efectos negativos en la sociedad y el ordenamiento jurídico al desconocer a Venezuela como un Estado Democrático. Sostienen que el diálogo no puede propiciarse desde el “olvido de los delitos” y añaden que “no se puede generar conciencia en torno al respeto de los derechos fundamentales desde la invisibilización de las víctimas y del castigo a los agresores”.

Paz

La sentencia finaliza reiterando la inconstitucionalidad de la Ley y rechazando que se pretenda llevar a cabo la creación de una comisión para la reconciliación y el seguimiento a su aplicación, sin que se promueva el involucramiento de todos los sectores de la sociedad.

Fuente: El Notitarde