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El DRAE define “exterminio” como el “acto de acabar del todo con una cosa como si se desterrara, extirpara o descastara”. Y “exterminar” como: “Desolar, devastar por la fuerza de armas”. Eso es lo que Maduro y sus poderes, infectados hasta los tuétanos de corrupción, ilegalidad y violencia, están haciendo en Venezuela: exterminando la institucionalidad democrática y robándole al pueblo su soberanía ejercida masivamente a través del voto. El próximo paso exterminador es la “enmienda de un solo artículo que reduciría el período de los integrantes de la AN a 60 días”, redactada por el patético leguleyo que en vida de Chávez nos pedía “salir a la calle a protestar y no regresar a nuestras casas hasta que el ‘tirano’ no abandonase el poder”. La tal enmienda –añade el “constitucionalista” que se pasa la carta magna por el… bolsillo– pasaría directamente no a la AN, sino al brazo político (por no decir antro) de Maduro, el tsj, donde le darían el mismo plumazo que al robo de la mayoría calificada con la suspensión de los 3 diputados opositores de Amazonas; a la impunidad otorgada a los “enchufados” para seguir delinquiendo al darles la patente de corso de no ser investigados, ni interpelados por la AN; concederle falsa “constitucionalidad” al mamotreto de emergencia económica de Maduro, en el que se multiplican las aberraciones económicas que han quebrado el país; a declarar la nulidad de la Ley del Banco Central aprobada por la AN que impedía al instituto emisor seguir ordenando la impresión de dinero inorgánico que coloca a Venezuela con la mayor inflación del mundo. El domingo, cuando salga este artículo, quizá el TSJ ya habrá cumplido la orden de declarar inconstitucional la Ley de Amnistía, que el desmemoriado Nicolás llama despectivamente “ley de amnesia criminal”. Amnesia la de Maduro y su desgobierno, que están batiendo récords de muertes violentas (casi 30.000 en 2015); que él y su ministro de la Defensa (ahora devenido en político activísimo al servicio de la revolución) se hacen los locos sobre las bandas criminales apertrechadas con armas de guerra sacadas de los cuarteles por los caminos verdes, y que lanzan granadas contra instalaciones policiales.
La última incursión criminal en El Valle causó la muerte de 3 policías y la fuga de numerosos delincuentes que estaban presos. El día anterior otra banda había hecho operación similar en Maracay. El leguleyo tránsfuga que propone acortar a 60 días la AN también olvida que la enmienda tiene que ser sometida a consulta popular, donde el revolcón electoral sería inminente. Claro que, si las cosas siguen como van, con militares activos dictando normas inconstitucionales para que la “revolución” se eternice en el poder, cabe esperar que cualquier día se presenten con los “argumentos” de sus Kalashnikov en la AN, y saquen a empujones a los diputados opositores y sus más de 8 millones de votos.
Lo decía estos días el presidente de la AN, Ramos Allup: “El gobierno está cerrando todas las vías democráticas (…). Están aferrados al poder cuidando el botín y la supervivencia”. Al combo del TSJ, se une ahora la FANB –o una parte de ella– al asumir la atribución que no le corresponde de “evaluar la Ley de Amnistía y su impacto en el Estado de Derecho, impunidad y derechos humanos”. Diego Arria analiza con rigor la extralimitación del ministro de la Defensa, López Padrino, contra la Ley de Amnistía, y cita estos insólitos párrafos de la arenga ministerial: “Las FANB no pueden aceptar esta propuesta muy peligrosa de ley que viola la Constitución y atenta contra el Estado de Derecho. Busca el autoperdón y olvidar los crímenes cometidos en 2014 durante las protestas antigubernamentales, que mataron a más de 40 personas. Favorece la violación de los derechos humanos y atenta contra la paz y la democracia del país. Avala a los que cometen delitos comunes y está hecha para nombres específicos. La ley concede impunidad a delitos de lesa humanidad. Provocaría una descomposición institucional y moral en el pueblo; atenta contra la paz con consecuencias nefastas para la democracia y la estabilidad de las instituciones. Y atenta contra el orden militar, el espíritu de cuerpo y la disciplina de las FANB”. Padrino toma esta cita del Libertador: “La impunidad es un germen destructivo de la sociedad”.
A ver, señor Padrino: ¿quiénes fueron los que dispararon, torturaron y asesinaron a los estudiantes en las protestas de 2014? ¿No fueron, en su mayoría, militares activos, hoy a su mando? ¿De quién es la impunidad citada por el Libertador? ¿Quién pone en peligro la estabilidad de las instituciones y atenta contra la paz y la democracia? ¿La Ley de Amnistía que intenta liberar a inocentes –y usted lo sabe– o las bandas delictivas en poder de las armas de guerra que usted debe cuidar, y la mácula de tanto militar y enchufado investigados por narcotráfico y hasta terrorismo, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos? ¿Lleva usted la cuenta de los militares incursos en narcotráfico? Tampoco ha respondido a Ramos Allup sobre las muertes de oficiales porque granadas vencidas les estallan en sus prácticas militares, mientras las bandas delictivas y hasta los presidiarios poseen granadas en buen estado. ¿Vio las denuncias sobre militarización y vejámenes de los militares en las minas, a un mes de la masacre de Tumeremo? Rocío San Miguel acaba de publicar un enjundioso estudio de su ONG, Control Ciudadano, en el que demuestra que usted “se insubordina ante el poder civil” y “ejerce funciones de operador político de la revolución”. La Constitución es clarísima, general Padrino: la FANB (no dice chavista ni revolucionaria, ni bolivariana, le recuerda Diego Arria) es una institución esencialmente profesional, sin militancia política alguna, al servicio de la nación. Usted está violando la Constitución y el voto popular. Sepa que el secretario general de la OEA, Luis Almagro, asegura que la Ley de Amnistía reforzará la democracia en Venezuela, y cientos de organizaciones democráticas del mundo la están apoyando y defendiendo. Otra activista del exterminio institucional es Tibisay Lucena, al aludir una “exclusividad” que el CNE no tiene en materia de leyes electorales (como le refuta el rector Rondón), todo para impedir el indetenible revocatorio de Maduro. Y así hasta el infinito.
El golpe está claro: cerrar la AN. “Si aquí gana la derecha –recién dijo Maduro– yo me pondría al frente de la insurrección cívico militar”. Ya no es solo una orden para el TSJ, sino para las FAN. Se trata de “desolar, devastar por la fuerza de armas” (incluidas las de sus “colectivos”) lo que queda de institucionalidad, mientras crecen el hambre, la violencia, las enfermedades y la pobreza.
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