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Corte Suprema de Brasil rechazó demanda del Gobierno contra juicio de Rousseff

El Tribunal Supremo de Brasil rechazó las peticiones presentadas por el Gobierno para declarar nulo el proceso contra la presidenta, Dilma Rousseff, que busca abrir un juicio político en la Cámara de Diputados, siendo el último recurso para impedir el enjuiciamiento contra la mandataria. Mientras, el abogado del Estado se “excusó” declarando que los diputados no le dieron “oportunidad” de defensa a Rousseff.

Corte Suprema de Brasil

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La Corte Suprema de Brasil repudió este jueves una demanda hecha por el Gobierno, que pedía declarar nula parte del proceso que puede llevar a un juicio con miras a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff.

La acción había sido intentada por la Abogacía General del Estado y podría haber interrumpido todo el proceso, pero los magistrados negaron uno a uno los puntos de la demanda.

El abogado general del Estado, José Eduardo Cardozo, denunció lo que calificó de “vicios” que, en su opinión, dejaban el proceso “herido de muerte”. El punto principal pedía declarar “nulo” el informe aprobado por una comisión de 65 diputados que examinó si existen méritos jurídicos para el proceso.

El informe fue elaborado por el diputado instructor Jovair Arantes y aceptó la acusación de que Rousseff incurrió en maniobras contables ilegales para maquillar los resultados del Gobierno en 2014 y 2015, modificar presupuestos mediante decretos, acumular deudas y contratar créditos con la banca pública.

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El abogado general explicó que el informe del instructor agregó casos “completamente ajenos” a la denuncia, como las investigaciones sobre los escándalos de corrupción en la estatal Petrobras, “en los que la presidenta ni siquiera ha sido citada”.

En su opinión, “solo eso ya perjudicó el legítimo derecho a la defensa” de la mandataria, que en sus alegatos se limitó a responder a “aquello que era objeto de la acusación”.

Sin embargo, la Corte Suprema aclaró que tanto esa comisión como el pleno de los Diputados se limitan a decidir si se aceptan las acusaciones, ya que el juicio político como tal será aprobado y realizado por el Senado.

De ese modo, en la votación del domingo en la Cámara Baja, el proceso pasará a manos del Senado si así lo deciden 342 de los 513 diputados.

De alcanzarse esa mayoría calificada, en un plazo aún no definido pero que puede ser de unos quince días, los 81 miembros del Senado decidirán, por mayoría simple, si efectivamente se abre el juicio político contra la mandataria

Fuente: El Universal