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Comisión Internacional de Juristas denuncian ataques a directivos opositores

Con el título “El ocaso del Estado de Derecho” la Comisión Internacional de Juristas afirma que en Venezuela se está presentando una gran magnitud de ataques dirigidos a directivos opositores, degradación de derechos humanos y mal uso de la justicia; si es que se usa. También solicitaron intervención internacional inmediata, en vista de que los problemas existentes no son bien llevados en los entes responsables del bienestar del país.

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La Comisión Internacional de Juristas (CIJ) denunció hoy que en las últimas semanas se está produciendo una rápida escalada de ataques contra defensores de los derechos humanos y cualquiera que realice acciones consideradas de oposición política o social en Venezuela. Esta situación, agregó, es el reflejo de “una serie de medidas del Gobierno venezolano que han significado ceder soberanía en favor de organizaciones criminales”. La reputada organización, que vela por el respeto de la independencia de la judicatura a nivel internacional y desde la perspectiva de la sociedad civil, presentó hoy en Ginebra un nuevo informe sobre Venezuela.

Bajo el título “El ocaso del Estado de Derecho”, el informe afirma que en el país sudamericano se está viviendo “una vertiginosa degradación de los derechos humanos y un grave y sistemático menoscabo de la independencia e imparcialidad del Poder Judicial”. Asimismo, lamenta la “total erosión del Estado de Derecho en Venezuela” y pide una “reacción” de la comunidad internacional en defensa del derecho internacional. Según la CIJ, la falta de independencia “de la justicia en general” se debe en primer lugar a la inexistencia de estabilidad en sus puestos para la gran mayoría de jueces y para prácticamente todos los fiscales.

Otro factor que juega contra la independencia de la judicatura es la ausencia de garantías para que los defensores de los derechos humanos cumplan con su misión, así como para los abogados en algunos casos. La consecuencia, señala la organización, son los “altísimos niveles de impunidad judicial en los casos de violaciones de los derechos humanos y de las víctima de delitos comunes”. Enfatiza que, en cambio, los juicios, las medidas cautelares restrictivas y las condenas se dictan “con inusual prontitud” contra líderes sociales y opositores al gobierno.

Considera que los casos más representativos de esta situación son la reapertura del juicio penal contra la jueza María Lourdes Afiuni, la detención preventiva para someter a juicio al abogado Tadeo Arrieche, la orden de captura contra los directivos y miembros de los consejos editoriales de “El Nacional”, “Tal Cual” y “La Patilla”, así como la condena de Leopoldo López a casi 14 años de prisión. Reseño EFE.