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Entre pranes – Charito Rojas

Como cada miércoles Charito Rojas deja plasmada su opinión con un artículo dedicado netamente al gobierno actual y sus fallas, esta semana el tema principal es la <a title=”134 personas apresadas, 32 extranjeros y 14 muertos en la cota 905″ – Notilogia” href=”https://134 personas apresadas, 32 extranjeros y 14 muertos en la cota 905″ target=”_blank” rel=”noopener noreferrer”>cota 905, el cual forma parte de un proyecto para desmantelar las bandas paramilitares que acechan las zonas pobres del país y así acabar con la delincuencia, narcotráfico, secuestro y asesinatos. Al final del artículo podemos ver cuáles son las razones que se creen de él porque este proyecto se está llevando a cabo después de tantos años, tantos asesinatos y tantos funcionarios caídos.

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En una sociedad cerrada donde todo el mundo es culpable, el único crimen es ser atrapado“. Hunter S. Thompson (1937 – 2005), periodista y escritor estadounidense.

El ministro de interior, justicia y paz, Gral. Gustavo González López, ofreció un balance del operativo “Liberación y Protección del Pueblo”: una plomazón en la Cota 905 y Ciudad Tiuna en Caracas, Ciudad Betania en el Tuy y San Casimiro en Aragua, todas “zonas de paz”, donde durante 48 horas policías, GN y bandas armadas se enfrentaron. Resultados: 18 muertos, una veintena de heridos (entre ellos 5 funcionarios), 247 detenidos. El procedimiento requirió la acción conjunta de 2.800 funcionarios que decomisaron 23 armas cortas,7 armas largas, 28 vehículos y 24 motos.

Aunque el ministro asegura que el operativo era para “liberar zonas de paramilitarismo colombiano”, lo cierto es que hasta ahora no hay ni una prueba de eso pero sí de que bandas criminales tienen esas “zonas de paz” bajo su absoluto mando. Están mejor armados que los policías y constituyen un imperio económico que maneja cifras millonarias producto de la extorsión, secuestro, robo, sicariato y tráfico de drogas. El delito en Venezuela es una máquina de hacer dinero que según el Criminólogo Roberto Briceño León, mueve el 21% del Producto Interno del país.

Es el crimen organizado de Venezuela, manejado por bandas con estructura de pranato, similar a las mafiosas, que han tomado extensas zonas populares de Caracas como El Valle, El Cementerio, la Cota 905, Caricuao y en el interior se localizan en el sur de Aragua, Guárico, Valles del Tuy, Barlovento, Zulia y Bolívar. Son especies de ejércitos cuyos jefes son ex presidiarios, que en la cárcel fungieron de “Pranes”, o sea principales, con su corte de lugartenientes o “luceros”.

Esa estructura del “pranato” ha sido advertida en los conglomerados de la Misión Vivienda, donde imponen la ley del más fuerte y extorsionan a los moradores a cambio de “protección”. Cobran peaje por acceder a las calles, por subir unas escaleras, por llenar envases en surtidores de agua. En voz baja, la policía sabe donde operan y de hecho, tienen ubicadas 192 grandes bandas en el país.

Esto sucede en Venezuela, donde uno de cada tres habitantes ha sufrido un encuentro cercano con el delito; donde se registran 25.000 homicidios anuales, donde la impunidad para los homicidas ronda el 92%, donde el gobierno cortó palitos con la DEA y hace sus propios operativos… el mismo gobierno que es acusado internacionalmente de tener a varios de sus miembros cívico militares en un cartel llamado de los Soles.

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Los policías se quejan de no estar equipados como los bandidos: estos tienen armas largas como AR-15, Kalashnikov y hasta sub ametralladoras Ingram, granadas (cuestan bs. 60.000 c/u) y armas cortas, además de un sistema de comunicación por radios de 5 canales. El 85% de las armas decomisadas provienen de CAVIM y el resto del mercado negro. Mientras tanto, los policías tienen 9 mm y patrullas desguazadas.

El gobierno actual primero les propuso desarme voluntario. Se murieron de la risa, como era obvio. Luego declaro “zonas de paz”, donde supuestamente los delincuentes cambiarían sus hierros de 250.000 bolívares por una lavadora o una nevera, como les ofrecía José Vicente Rangel Ávalos, popularmente conocido como “Papi, papi”, quien como Viceministro de Asuntos para la Paz (hasta junio de este año) visitó barrios acompañado de cámaras y periodistas para entrevistarse con los malandros que muy guachamarones ellos, le dijeron que sí, como no. Los jefes de las bandas aceptaron la paz, pero entre ellos, pacto de no agresión para operar el delito en sus zonas con tranquilidad. La guerra sería contra la policía, del organismo que fuera. El resultado está a la vista: más de 80 funcionarios asesinados en lo que va de 2015.

Actualmente hay zonas de paz en Miranda, Aragua, Guárico, Zulia, Táchira y Caracas. Lo que ha hecho el Gobierno es permitir que los grupos criminales lo sustituyan en sus funciones, igual que lo hacen en las cárceles. La sociedad venezolana está sometida a este pranato sin que el gobierno, el poder judicial o institución alguna la proteja del azote delictivo, principal causa de la estampida hacia el exilio de los venezolanos más valiosos.

Las “zonas de paz” se han convertido en espacios de impunidad y las bandas delictivas en fuerzas paraestatales que desafían al gobierno, que debe emplearse a fondo en operativos espasmódicos que arrojan dudosos resultados, habida cuenta que la ministra Iris Valera se encarga de sacarlos de las cárceles y los tribunales de darles absoluciones exprés. Uno de los datos más alarmantes de estas bandas es que la mayoría de sus integrantes tiene entre 15 y 25 años de edad: son los niños del chavismo.

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La presencia de estos grupos delictivos organizados se hizo patente en febrero de este año, cuando tomaron a Ocumare del Tuy, obligaron al comercio a cerrar sus puertas por cuatro días y echaron plomo parejo protestando la muerte de varios de sus integrantes en un enfrentamiento policial, mientras los policías se escondían en su comandancia, sin balas y sin vehículos y el alcalde chavista de la población decretaba 3 días de duelo por la muerte de los hampones. Ocumare es considerada la población más violenta no solo de Venezuela sino de América, con una tasa anual de homicidios de 145 por cada 100.000 habitantes.

El gobierno revolucionario ha fracasado en seguridad lo mismo que en servicios, productividad y lucha contra la corrupción. Después de 22 planes y 15 ministros de interior y justicia, el crimen manda en Venezuela, bajo la terrible sospecha de que son un cogobierno para mantener a la población aterrorizada, recogida entre paredes.

¿Por qué entonces ahora decide el gobierno lanzarse a perseguir a las bandas? Puede haber varias respuestas: 1) Ya las acusa de paramilitares, con nexos en Colombia y muy pronto estará diciendo que responden a la oposición, para como siempre echar la culpa a terceros de sus propias responsabilidades incumplidas y de paso, enlodar a los oponentes. 2) Porque al general le da pena que una manga de malandros lo cargue fueteado y decidió dar un golpe de efecto. 3) Porque el gobierno se da cuenta que el papel de bobo le hace perder votos. 4) Porque hay una sacudida de ciertos miembros del alto gobierno, que no quieren perder el coroto por la inseguridad rampante. 5) Porque el viceministro cuya caravana fue interceptada por choros en la 905 no se la caló.

O tal vez quieran cumplir con el sueño del Plan de la Patria del muerto vivo, que quería “lograr el equilibrio del universo, garantizar la paz planetaria, preservar la vida en el planeta y salvar a la especie humana”. Quién sabe. Todo es posible en nuestro insólito universo revolucionario.