Estos son los 11 funcionarios venezolanos sancionados por Suiza

Publicado el 11 julio, 2018
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De acuerdo a un comunicado de la Secretaría de Estado de Asuntos Económicos (SECO), once funcionarios venezolanos, fueron incluidos en la lista de sancionados por Suiza, entre ellos la vicepresidenta Delcy Rodríguez y su antecesor, Tareck El Aissami, por las decisiones que ha tomado Rodríguez “socavaron la democracia y el estado de derecho en Venezuela”, mientras que El Aissami es señalado por su responsabilidad en graves violaciones de los derechos humanos, incluida la detención arbitraria, el trato inhumano y degradante y la tortura.

Estos son los 11 funcionarios venezolanos sancionados por Suiza

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El gobierno de Suiza añadió 11 funcionarios venezolanos a su lista de sancionados, indica un comunicado dela Secretaría de Estado de Asuntos Económicos, entre los que están incluidos la vicepresidente de la República, Delcy Eloína Rodríguez, y el vicepresidente de Economía y ministro de Industrias y Producción, Tareck el Aissami.

Con la medida Suiza ratifica la decisión de la Unión Europea, que el 25 de junio sancionó a los mismos 11 funcionario del gobierno de Nicolás Maduro.

En la lista figuran además de Rodríguez y El Aissami, Sergio José Rivero Marcano, inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana; Jesús Rafael Suárez Chourio, comandante general del Ejército; Iván Hernández Dala, jefe de la Dirección General de Contrainteligencia Militar; Elías José Jaua Milano, ministro de Educación; Sandra Oblitas, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral; Socorro Elizabeth Hernández Hernández, rectora del CNE; Xavier Antonio Moreno Reyes, secretario general del CNE; Freddy Alirio Bernal Rosales, director de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, y Katherine Nayarith Harrington Padrón, vicefiscal general.

El 28 de marzo pasado, el gobierno de Suiza emprendió acciones contra siete funcionarios: Néstor Luis Reverol Torres, ministro del Interior, Justicia y Paz; Gustavo Enrique González López, director del Servicio Bolivariano de Inteligencia; Tibisay Lucena Ramírez, presidente del CNE; Antonio José Benavides Torres, jefe de gobierno del Distrito Capital; Maikel José Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia; Tarek William Saab Halabi, fiscal general de la República, y Diosdado Cabello Rondón, presidente de la asamblea nacional constituyente.

Las medidas restrictivas “se han decretado por la violación de los derechos humanos y del Estado de Derecho, así como por la erosión de las instituciones democráticas”, agrega el comunicado.

A los 28 funcionarios les congelaron activos y recursos económicos, en caso de tenerlos, y les prohibieron entrar y transitar por el país europeo.

Denuncian más torturas ante la Corte Penal Internacional

El Instituto de Derechos Humanos checo, Casla, que ha presentado varias denuncias por torturas contra el gobierno de Venezuela ante la Corte Penal Internacional, pidió a ese tribunal que envíe una misión sobre el terreno con el fin de recabar datos para su investigación.

La directora del centro especializado en América Latina, abogada Tamara Sujú, explicó que la solicitud se basa en que las torturas han sido reincidentes en el caso de algunos detenidos.

Sujú, con asilo político en la República Checa, ha presentado desde mayo de 2016 cuatro pliegos con denuncias de tortura, presuntamente sufridas por más de 600 personas.

La abogada entregó ayer en la CPI un quinto pliego con otras 16 incidencias de tortura sobre 44 víctimas directas, especialmente militares y algunos civiles relacionados con ellos.

Acerca del nuevo pliego, Sujú precisó que “en varias incidencias prevalece el crimen de violencia sexual, con una violación y varios intentos de violación”.

Esta violencia, que consiste en poner alfileres y otros objetos de metal en pezones o testículos de los detenidos o rajarles las plantas de los pies, se utiliza “para obtener acusaciones falsas contra militares y líderes de la oposición”, afirmó.

También entregó tres denuncias sobre desaparición forzada de personas, así como contra la nueva cadena de mando responsable de torturas durante 2018.

Fuente: El Nacional