Esta ley aplica para cualquier persona natural que sea habitante de la república, o persona jurídica que viva aquí, tiene el derecho de solicitar ante los tribunales el amparo previsto en el artículo 49 de la constitución, que consiste en el derecho de ser notificado por los cargos con los cuales se le investiga, de acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios necesarios para ejercer su defensa. También toda persona que declaren culpable tiene derecho a recurrir al fallo con algunas excepciones establecidas en la constitución.
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Esta ley cuenta con cuarenta y nueve (49) artículos, y están dividos en cinco (5) títulos, siendo el título uno (1) el que contenga las disposiciones fundamentales.